No creemos en la disolución de partidos políticos

Con fecha de hoy hemos conocido que un Colegio de cinco jueces de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado la demanda de remisión ante la Gran Sala sobre la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Corte  de fecha 30 de junio de 2009 en los recursos interpuestos por Batasuna y Herri Batasuna (recursos acumulados en el mismo procedimiento) contra el Reino de España en alegación de que su disolución, por aplicación de la Ley 6/2002 de 27 de junio de partidos políticos, había comportado violación de su derecho a la libertad de expresión (art. 10 del Convenio) y de su derecho a la libertad de asociación (art. 11 del Convenio).

En primer lugar, respeto y respetamos la resolución del Tribunal. Teniendo en cuenta, además, que ha sido la propia Batasuna quien ha recurrido ante este Tribunal, me imagino que por considerarlo, al menos, imparcial y competente en este tema.

La decisión no es un nuevo “fallo”. No entra al fondo del litigio. Es una decisión procedimental y esperable. Se cierra, sí, el camino jurídico procesal con una única sentencia, la del 30 de junio. No hay una nueva argumentación jurídica.

La sentencia no revisó, en puridad, la adecuación de la Ley de Partidos a los preceptos de la Convención de Derechos Humanos. Validó la decisión del Tribunal Supremo español basándose en la penalización de la conducta de Batasuna al considerar a ésta como parte integrante de la organización armada ETA. Validó la ilegalización desde la premisa de que al pertenecer a banda armada es lícito restringir los derechos de participación política.

Estoy de acuerdo en la necesidad de mecanismos de defensa de la democracia y del valor superior de ésta. Y también, al tiempo que respeto el pronunciamiento judicial puedo discrepar de tener que aceptar la literalidad de una Ley que excepciona derechos fundamentales de participación política mediante la “judicialización” penal de la aplicación de la Ley de Partidos.

Lo hemos dicho desde el 2002, no creemos en la disolución de partidos políticos. Por eso expresamos nuestra  disconformidad con  este tipo de medidas, amparadas por la Ley de Partidos cuyas consecuencias resultan socialmente distorsionadoras y asumen consecuencias de gravedad inusitada, tales como la privación de derechos de sufragio activo y pasivo y la alteración del mapa de representación política.

Creo, insisto, que es posible respetar el pronunciamiento judicial y defender la oposición a la verdadera razón de la Ley.

Hasta aquí mi reacción ante el hecho. Pero lo que verdaderamente me ha llamado la atención hoy no es el rechazo del Recurso presentado o interpuesto por Batasuna. Más que previsible. Son las declaraciones de la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, las que me han llamado la atención.

Las iba a calificar como insólitas, mejor inauditas. Pero esta palabra tiene cierto contenido que evoca a la sorpresa. Y, la vedad es que a estas alturas los despropósitos que han salido de la boca de la portavoz no me sorprenden. Con el debido respeto.

Ni tan siquiera me ha de sorprender que haya dedicado más tiempo, más rabia y más resentimiento a criticar al Partido Nacionalista Vasco que a valorar la propia sentencia, el rechazo del recurso o a hablar de Batasuna.

Da la sensación  de que el verdadero objetivo y destinatario para el Gobierno de Patxi López  de la decisión que valida la sentencia del Tribunal Supremo y del rechazo al recurso, es el Partido Nacionalista Vasco. Lo que confirma nuestra postura de que para el Partido Socialista -el de aquí y el de Madrid- el verdadero objetivo de La Ley de Partidos es EAJ-PNV. Y a estas alturas nadie se podrá sorprender si volvemos a decir que Patxi López es Lehendakari, además de por los votos del PSE y del apoyo de las parlamentarias/os del PP, porque el resultado efectivo de dicha suma fue posible tras la ilegalización de un partido, o mejor dicho de una sensibilidad política -de lo cual también tiene mucho que decir dicha sensibilidad o “mundo”- y se cambió el mapa electoral vasco y la consiguiente fotografía institucional.

Decimos, por lo tanto, que estamos ante una Ley de aplicación arbitraria y caprichosa. Una Ley de la que hemos estado, estamos y estaremos radicalmente en desacuerdo por las razones apuntadas. Que varía sus criterios de aplicación en función de los intereses de los responsables políticos de turno, en este caso del Partido Socialista.

Tiene que existir una ley de partidos. Sí. Pero no una ley arbitraria y que pueda ser manejada por el partido de turno. La aplicación de este tipo de medidas debe ser sumamente cautelosa, dada su naturaleza, requiriéndose pruebas cumplidas para su aplicación y más por la judicialización penal. Se trata, en cualquier caso, de limitar derechos fundamentales y que, en este sentido, cualquier ingerencia de los poderes públicos y de la ley sobre su regular y pacífico ejercicio debe ser excepcional, proporcionada y fundada en razones concluyentes.

Y, por supuesto y una vez más, tengo que terminar diciendo que  la autodenominada izquierda abertzale puede terminar con esta situación, rompiendo su silencio ante el tutelaje violento que, además, condiciona la acción política de personas pero también en sus aspiraciones políticas legítimas de partidos, como es el caso de EAJ-PNV. Esta es su responsabilidad ante sus militantes, sus simpatizantes y, también, fundamentalmente, es su responsabilidad para con la sociedad vasca.

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